La contraloría general de la República presentó al congreso un proyecto de ley a través del cual plantea un marco legal para evitar los casos de evasión a la fiscalización gubernamental.
De esta manera se pretende evitar los casos de evasión a la fiscalización que se producen en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que se realizan al amparo de convenios entre entidades públicas y organismos internacionales, como el que suscribió el gobierno regional de Ancash con la organización de estados iberoamericanos (OEI).
El proyecto garantiza el acceso irrestricto del sistema nacional de control a toda la documentación e información relacionada con los recursos administrados en virtud de estos convenios, cualquiera sea la oportunidad en que se formule el requerimiento a las partes que los suscriben, sin afectar el acceso a la información de carácter público.
Asimismo, se establece que se debe informar periódicamente al ministerio de economía y al organismo supervisor de las contrataciones del estado sobre la ejecución de los recursos administrados, sin perjuicio de las precisiones que soliciten estas entidades.
También se señala que los organismos internacionales que suscriban este tipo de convenios deben estar acreditados de acuerdo con las normas legales sobre la materia. Los convenios requerirán un informe previo de las oficinas de administración, de presupuesto y de asesoría jurídica de las entidades estatales.
En la actualidad, la contraloría no puede investigar a los gobiernos regionales y municipios que desarrollan procesos de contratación de bienes, servicios y obras en convenio con entidades como la organización de estados iberoamericanos (OEI), la organización internacional para las migraciones (OIM) y la oficina de servicios para proyectos de naciones unidas (UNOPS) porque estas argumentan inmunidad diplomática.
El proyecto de ley de la contraloría se encuentra en el congreso y solo queda esperar la voluntad política de las bancadas para debatirlo.
De esta manera se pretende evitar los casos de evasión a la fiscalización que se producen en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que se realizan al amparo de convenios entre entidades públicas y organismos internacionales, como el que suscribió el gobierno regional de Ancash con la organización de estados iberoamericanos (OEI).
El proyecto garantiza el acceso irrestricto del sistema nacional de control a toda la documentación e información relacionada con los recursos administrados en virtud de estos convenios, cualquiera sea la oportunidad en que se formule el requerimiento a las partes que los suscriben, sin afectar el acceso a la información de carácter público.
Asimismo, se establece que se debe informar periódicamente al ministerio de economía y al organismo supervisor de las contrataciones del estado sobre la ejecución de los recursos administrados, sin perjuicio de las precisiones que soliciten estas entidades.
También se señala que los organismos internacionales que suscriban este tipo de convenios deben estar acreditados de acuerdo con las normas legales sobre la materia. Los convenios requerirán un informe previo de las oficinas de administración, de presupuesto y de asesoría jurídica de las entidades estatales.
En la actualidad, la contraloría no puede investigar a los gobiernos regionales y municipios que desarrollan procesos de contratación de bienes, servicios y obras en convenio con entidades como la organización de estados iberoamericanos (OEI), la organización internacional para las migraciones (OIM) y la oficina de servicios para proyectos de naciones unidas (UNOPS) porque estas argumentan inmunidad diplomática.
El proyecto de ley de la contraloría se encuentra en el congreso y solo queda esperar la voluntad política de las bancadas para debatirlo.
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